El derecho a la educación
¿Por qué derecho a la educación y no mejor derecho a la pereza o a la deseducación?
Ésta no es una pregunta retórica. No son pocos los pedagogos que aseguran que cuando un maestro enseña algo a un niño, le está robando el placer de su descubrimiento o que la escuela es una institución irreformable donde sólo se enseña a ser estúpidos. Si llevamos hasta sus conclusiones lógicas estas ideas, veremos que el contenido del “derecho a la educación” no es nada obvio. Los defensores de la educación en casa, un movimiento en constante crecimiento, incluso lo consideran un asunto privado. ¿Lo es? En una parte sustancial, sí que lo es. Pero visto desde este ángulo, es inconfundible del deber de educar.
Imaginemos una situación en que el Estado no pudiera hacerse cargo del sistema educativo y se tuvieran que cerrar las escuelas. Ya no habría alumnos y, evidentemente, tampoco padres de alumnos. Se haría patente, entonces, que los únicos que no se pueden desentender de la educación de los hijos son los padres. En este sentido, la educación es un asunto familiar sin fecha de caducidad. Ninguna familia tiene derecho, por ejemplo, a hacer vacaciones intelectuales, porque no tiene ningún derecho a deshumanizarse. Su responsabilidad ni desaparece ni mengua cuando envía a los hijos a la escuela. En consecuencia, el deber familiar de la educación no se queda en la percha de la entrada de la escuela.
Pero la educación es también un asunto público, dado que el Estado no es un hotel donde todo el mundo tiene derecho a ser atendido con diligencia. Es exactamente lo contrario: es la manifestación de la calidad de nuestras relaciones de copertenecer. El estado democrático es la construcción de una ciudadanía. Por eso nuestros derechos son derechos del ciudadano.
Para ser efectivo, el derecho a la educación se tiene que reforzar con el deber moral de ser inteligentes. No podemos esperar con los brazos cruzados que los otros nos liberen del letargo intelectual. Delegar en otro, por completo, el deber de educarnos significaría negarnos el derecho a ser actores de nuestra propia vida intelectual.
