El Gobierno de España aprobaba el pasado viernes los anteproyectos de Ley del Voluntariado y del Tercer Sector, una nueva norma en la línea de las leyes europeas ampliamente esperada en el sector.
Se trata de una ley cuyo alcance es muy amplio, ya que afecta a organizaciones que gestionan voluntariado y a las personas que desarrollan esta labor en España. Entre las novedades que aporta, destaca la distinción entre voluntariado y empleo. También establece que tarea voluntaria es la que se realiza dentro de una ONG, así que tanto empresas como administraciones pueden fomentarlo, pero para que sea realmente voluntariado ha de realizarse necesariamente dentro de las organizaciones.
Otra novedad que trae consigo es que, además del voluntariado de acción social, la norma distingue hasta 8 ámbitos distintos donde se podrá ejercer, como el medioambiental, el cultural, el educativo o el deportivo, entre otros. La ley, además, dedica un capítulo a los derechos y deberes de las personas voluntarias y a quienes se benefician de la acción solidaria.
La Plataforma del Tercer Sector también destaca el hecho de que se trate de “la primera ley hecha por y para el sector, estableciendo un marco regulatorio que permita ejercer el liderazgo hacia un nuevo modelo social, que defina sus especificidades y principios, las medidas de fomento y apoyo para las entidades que lo componen, así como sus relaciones con la administración para intensificar su participación en el diseño de las políticas públicas estatales en el ámbito social”.
El Tercer Sector en España está integrado por más de 29.000 organizaciones; 8 de cada 10 organizaciones cuentan con personas voluntarias en sus estructuras, lo que suma un total de 1.100.000 personas voluntarias, y el número de personas a las que atiende el sector supera los cinco millones.
